Revista del Programa de Posgrado en Derecho

Artículos de opinión por parte de nuestro cuerpo académico sobre la actualidad del ambiente jurídico nacional.
Costa Rica requiere limitar uso de prisión, denuncian organizaciones | Posgrado en Derecho, Universidad de Costa Rica

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional

México, Distrito Federal.

La Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentaron en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) información relacionada con el aumento de la población penitenciaria en Costa Rica en los últimos años, sus orígenes y consecuencias.
Las organizaciones señalaron que en los últimos años la población penitenciaria en Costa Rica ha experimentado un aumento considerable. Así, indicaron que la tasa de prisionalización es de 352 personas por cada 100.000 habitantes, cifra que supera la de países con mayor criminalidad, como Brasil o Guatemala.
Indicaron que lo anterior obedece a la adopción de políticas de mano dura, que privilegian las medidas privativas de libertad; legislación que permite la prisión preventiva por circunstancias ajenas a las permitidas por los estándares internacionales; la criminalización de conductas de bagatela; la aplicación de procesos de flagrancia; entre otros. Igualmente, señalaron que algunos jueces han sido perseguidos por sustituir la medida de prisión preventiva por medidas cautelares distintas, en aplicación de la Convención Americana.

El Dr. Manuel Rojas Salas, de Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, fue acompañado por la Dra. Guisella de León, del Centro de la Justicia y el Derecho Internacional.

Fotografía por CEJIL

Manifestaron que esta situación afecta de manera considerable los derechos de las personas privadas de libertad y especialmente los de aquellos grupos que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad, como las mujeres, las personas de pueblos indígenas, personas LGTBI. En particular se refirió a las afectaciones que sufren éstas últimas, a partir de la información obtenida a partir de un diagnóstico realizado en la materia, gracias al apoyo de la Unión Europea.

Asimismo, reconoció que el Ministerio de Justicia y Paz ha realizado esfuerzos para abordar estas situaciones violatorias. A la audiencia asistió la máxima representante de la cartera, quien informó las medidas que ha adoptado para profundizar en las garantías a favor de la población penitenciaria. Destacó que actualmente trabaja en conjunto con CEJIL en la adopción de un protocolo para la atención de la población privada de libertad LGBTI. Asimismo, relató que producto de las medidas que ha adoptado ha recibido una serie de ataques de diversos sectores.

Esta situación afecta de manera considerable los derechos de las personas privadas de libertad y especialmente los de aquellos grupos que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad.

Al respecto, James Cavallaro, Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para las Personas Privadas de Libertad (RPPL) señaló: “La RPPL y la Comisión ha destacado, ha aplaudido el proceso actual que hemos constatado del Ministerio que dirige la señora Ministra. Los avances han sido importantísimos. El trabajo que ha hecho a pesar de las presiones la señora Ministra ha sido un trabajo excepcional, es un trabajo ejemplar para las Américas”. Además ofreció el apoyo técnico de la RPPL a las partes para continuar trabajando en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad en Costa Rica.
En relación a las medidas de mano dura denunciadas por las organizaciones peticionarias, la Comisión indicó que algunos de los factores por los que se permite el uso la prisión preventiva en Costa Rica no son legítimos. Asimismo, manifestó su preocupación por los altos niveles de prisionalización en este país. En este sentido, solicitó información al Estado en cuanto a medidas adoptadas para hacer frente a estas situaciones. Frente a la ausencia en la audiencia de los Órganos del Estado responsables de estas medidas, el Estado se comprometió a enviar información posteriormente.

Las organizaciones peticionarias consideran que solo adoptando medidas que abordan las causas de los altos niveles de prisionalización, entre ellas las mencionadas en la audiencia, podrá garantizarse el adecuado funcionamiento adecuado del sistema penitenciario y por lo tanto la garantía de los derechos de las personas privadas de libertad.

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