Revista del Programa de Posgrado en Derecho

Artículos de opinión por parte de nuestro cuerpo académico sobre la actualidad del ambiente jurídico nacional.
Penas alternativas en Costa Rica: Proyecto de Ley 20.020 | Posgrado en Derecho, Universidad de Costa Rica

Programa de Posgrado en Derecho

Maestría en Ciencias Penales

La inminente aprobación del proyecto de ley 20.020 en la Asamblea Legislativa permitirá la creación de un catálogo de penas alternativas que permitirán aplicar otro tipo de sanciones a delitos menores. De esta manera se reduciría la población carcerlaria y se darían otras alternativas de rehabilitación y reinserción del acusado. A continuación adjuntamos el texto completo del proyecto de ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA: REFORMA DEL ARTÍCULO 56 BIS DEL CÓDIGO PENAL, LEY N.° 4573, DE 4 DE MAYO DE 1970 ARTÍCULO ÚNICO.-

Se reforma el artículo 56 bis del Código Penal, Ley N.° 4573, de 4 de mayo de 1970, y se lea de la siguiente manera: “Artículo 56 Bis.- Prestación de servicios de utilidad pública La prestación de servicios de utilidad pública consiste en el servicio gratuito con fines comunitarios y socioeducativos, que ha de prestar la persona condenada a favor de las instituciones públicas y las asociaciones o fundaciones que conformen la red creada para los efectos del cumplimiento de este artículo. Puede imponerse como pena principal o, en su defecto, como pena sustitutiva a la prisión cuando se cumplan los requisitos de este artículo.

El Ministerio de Justicia promoverá la articulación de redes institucionales y con la sociedad civil para garantizar el control, seguimiento, y la disponibilidad de lugares donde se podrán realizar los servicios de utilidad pública. Asimismo, llevará un registro de entidades autorizadas para tales efectos y lo informará periódicamente al Poder Judicial. En caso de que estas favorezcan el incumplimiento de la pena o dificulten el control de su ejecución, serán excluidas de la red de beneficiarios del servicio de utilidad pública y del registro En caso de haber sido impuesta una pena de prisión, y cuando no proceda la ejecución condicional de la pena, el tribunal sentenciador podrá reemplazarla por la prestación de servicios de utilidad pública cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que la pena de prisión impuesta no sea superior a 5 años.
b) Que en la comisión del delito no se hayan utilizado armas en sentido propio, con excepción de lo dispuesto en la Ley de Armas y Explosivos (N.º 7530).
c) Que la comisión del delito no se haya realizado con grave violencia física sobre la víctima.
d) Que el sentenciado no tenga antecedentes penales por delitos dolosos con pena superior a 6 meses.

e)Que no se trate de delitos tramitados con procedimiento de crimen organizado, delitos contra los deberes de la función pública, delitos sexuales, homicidio doloso o feminicidio.

f)Que la persona sentenciada tenga la disposición de restaurar el daño causado a la víctima, o comunidad a través del trabajo de utilidad pública para fines socioeducativos o comunitarios, la voluntad de continuar un proyecto de vida al margen del delito y el compromiso de ajustarse a las condiciones que impongan la autoridad judicial y penitenciaria para el cumplimiento.

El servicio se prestará por la cantidad de horas y dentro del plazo que determine el juez de sentencia considerando el daño causado y las circunstancias personales de la persona condenada. Esta pena no podrá ser superior a mil horas por año.

Corresponderá a la autoridad penitenciaria, a través del Programa en Comunidad, definir el lugar, horario y el plan de cumplimiento, sin interferir con la jornada laboral o educativa de la persona condenada. Además, deberá informar trimestralmente al juzgado de ejecución de la pena sobre el cumplimiento de la sanción.

En caso de presentar algún incumplimiento, la autoridad penitenciaria lo informará de manera inmediata al juzgado de ejecución de la pena, quién dará audiencia por 5 días a la defensa y al Ministerio Público y convocará a vista oral. Contra lo resuelto cabrá apelación con efecto suspensivo, en el plazo de 5 días, ante el tribunal sentenciador. EI incumplimiento injustificado en la prestación del servicio facultará al juzgado de ejecución de la pena a revocarla, con lo cual el sentenciado deberá cumplir la pena de prisión originalmente impuesta. Para tales efectos, cada 8 horas de prestación de servicio de utilidad pública equivale a un día de prisión.

Rige a partir de su publicación.

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