Revista del Programa de Posgrado en Derecho

Artículos de opinión por parte de nuestro cuerpo académico sobre la actualidad del ambiente jurídico nacional.
Magistrados y Constitución | Posgrado en Derecho, Universidad de Costa Rica

Dr. Víctor Orozco

Coordinador de la Maestría en Justicia Constitucional

Acerca de la discusión que se ha generado en los últimos meses en el sentido de, por una parte, sacar el gobierno del Poder Judicial de la Corte Suprema de Justicia y, por otra, modificar el sistema actual de nombramientos de los Magistrados de dicha Corte y, en particular, los de la Sala Constitucional, me permito, con el mayor respeto para el foro jurídico nacional, hacer las siguientes observaciones:

1.- No me parece adecuado ni, correcto, trasladar el gobierno del Poder Judicial de la Corte Suprema de Justicia a otro órgano por constituir, normalmente desconcentrado del Poder Judicial, pues, en la práctica, lo que sucede es que si dicho órgano, por elaborar, está integrado por el Presidente del Poder Judicial y otros jueces o Magistrados de menor rango o categoría, las decisiones del Presidente del Poder Judicial prevalecerán por sobre los intereses de los otros miembros de estos órganos, quienes se plegarán a las decisiones del Presidente, con lo que, en dicha figura, se podría políticamente concentrar todo lo relativo a la organización y a la administración del Poder Judicial, lo cual, a todas luces, resulta inconveniente y contraproducente. Creo que el problema que enfrenta el Poder Judicial no está directamente relacionado con la manera con la que funciona la Corte Plena o el Consejo Superior, sino en el actual sistema de nombramientos de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero por las razones que diré más adelante.

Es necesario hacer conciencia, en el ámbito de la opinión pública, y hacer presión política a los legisladores, para que, dentro del actual sistema de nombramientos de los Magistrados de la Sala Constitucional y los de las otras Salas de la Corte Suprema de Justicia, se escoja a los mejores y más calificados candidatos.

2. El hecho que le corresponda a la Asamblea Legislativa designar a los miembros del Poder Judicial no es, por sí mismo inconveniente, ni contrario a la independencia de que gozan estos jueces. Todo lo contrario, nótese que el nombramiento de un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia constituye una designación, eminentemente, política, por lo que, si se traslada o se hace partícipe, del sistema de dichos nombramientos, a otros órganos como el Colegio de Abogados o a las Universidades Públicas y Privadas, con ello aumentamos, de manera considerable, el carácter o la dificultad contra- mayoritaria del Poder Judicial, pues, en el fondo, se traslada una decisión,
como dijimos, eminentemente política, como lo es el nombramiento de un Magistrado del Poder Judicial, del órgano con máxima representación democrática, como lo es el Parlamento, hacia otros órganos que no tienen ese carácter. Lo anterior, sin duda, produce que Magistrados no electos por el máximo órgano democrático, como lo es el Parlamento, en el supuesto de los de la Sala Constitucional, puedan invalidar normas emitidas por éste, es decir, las leyes, lo que aumenta, de manera considerable, dicho déficit.

3.- Creo que no hace falta modificar el sistema de nombramientos actual del Poder Judicial para garantizar la independencia de miembros. En este orden, lo sano sería aumentar la edad necesaria para ser Magistrado a la edad de 50 años, es decir, que dichos jueces ocupen esos puestos cuando se encuentran en el punto más alto de su carrera y cuenten con la madurez necesaria para asumir dichas funciones. Creo también que el mandato de dichos jueces no debe ser por un período de tiempo corto, sino, por lo menos, de nueve a doce años, período tras el cual, se les garantice una digna retribución, sin ser de lujo, a modo de jubilación. Otros sistemas de justicia constitucional, como el español o el alemán, nos enseñan que no es sana la reelección de estos jueces, pues se vuelve el Poder Judicial, netamente, conservador.

4.- También es necesario hacer conciencia, en el ámbito de la opinión pública, y hacer presión política a los legisladores, para que, dentro del actual sistema de nombramientos de los Magistrados de la Sala Constitucional y los de las otras Salas de la Corte Suprema de Justicia, se escoja a los mejores y más calificados candidatos. A mi juicio, tales medidas son suficientes para mejorar el problema que enfrenta, actualmente, el Poder Judicial.

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