Programa de Posgrado en Derecho · UCR

Dr. Orozco estudia la jurisdicción contenciosa administrativa, en la resolución de conflictos ambientales, vía amparo de legalidad

El coordinador de la Maestría en Justicia Constitucional, Dr. Victor Orozco, recientemente publicó un texto en el cual examina la manera en que la Sala Constitucional, así como la jurisdicción contenciosa administrativa han salvaguardado el derecho consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política de Costa Rica.

 ARTÍCULO 41.– Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.

Aquí puede encontrar un fragmento del texto y al final del mismo, la posibilidad de descarga del texto completo y de acceso abierto.


En términos generales, el propósito de estas notas es demostrar la existencia de una competencia compartida o concurrente entre la Sala Constitucional, y la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, vía amparo de legalidad, en lo que atañe a la tutela del derecho consagrado en el artículo 41 constitucional, cuando se conoce la omisión de las autoridades públicas de resolver aquellas quejas o denuncias relacionadas con el pleno goce del derecho contemplado en el artículo 50 de la Constitución Política, sobre el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Con el propósito anterior, se examinará los alcances del recurso de amparo que se tramita ante la Sala Constitucional, en la conocida Jurisdicción Constitucional de la Libertad, para la defensa de los derechos de carácter fundamental que la Constitución protege o contempla, así como, los configurados en los Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos, los cuales, aún hoy, tienen alcance supra-constitucional.

También se examinará la creación jurisprudencial del amparo de legalidad, el cual, ha sido desarrollado mediante una serie de sentencias, con contenido similar, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Primera, de la misma Corte, en  el sentido de remitir, con algunas excepciones, entre ellas, en principio, la materia ambiental, a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, de aquellos asuntos donde se alegue vulnerada la garantía prevista en el artículo 41 constitucional. En este orden de ideas, a pesar de esas excepciones, en donde la Sala Constitucional, todavía hoy, conoce  de esos recursos de amparo constitucionales, lo cierto es que en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa se conocen todo proceso de amparo en donde se alegue violado el derecho protegido en el artículo 41 constitucional, sin importar la materia que se trate. De ahí que el particular ostente, hoy día, dos vías concurrentes de protección para la salvaguardia del derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido, cuando se ventile la omisión de una  autoridad pública de resolver una queja, denuncia o procedimiento ambiental.

Lo anterior nos obliga a repasar con doctrina nacional, de manera muy breve, los alcances del derecho contemplado en el artículo 50 de la Constitución Política, sobre el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En este orden, es claro que, en esta materia, la Sala Constitucional costarricense tiene una jurisprudencia consolidada en que desarrolla los alcances de este derecho, del cual, justamente, el derecho protegido en  el artículo 41 constitucional, sobre el derecho a un procedimiento pronto y cumplido, tiene un carácter instrumental.

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