Pero el tema del aborto tampoco puede reducirse a su dimensión ética. Los recientes debates en Irlanda y Argentina subrayaron un aspecto esencial: la problemática del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es, sobre todo, un asunto de salud pública y de desigualdad social sobre los cuales, como nos advertía Simone Veil,los poderes públicos no pueden guardar silencio. En efecto, según datos recopilados por la Organización Mundial de la Salud entre 2010 y 2014, 3 de cada 4 abortos ocurridos en África y Latinoamérica (regiones en donde la penalización suele ser la regla)son inseguros. Cada año entre un 4.7 a un 13.2% de las muertes maternas pueden ser atribuidas a abortos inseguros. Además, cada año,cerca de 7 millones de mujeres son hospitalizadas en los países en desarrollo a consecuencia de abortos inseguros, generando un gasto anual cercano a los 553 millones de dólares.

Asimismo, como lo subrayaba la diputada argentina Gabriela Lospennato en su contundente discurso ante la Cámara de Diputados: “Quisieron hacernos creer que lo que estamos debatiendo es aborto sí o aborto no, pero esta sociedad ya no se engaña más a sí misma, esta sociedad ya sabe que el único debate es aborto legal o clandestino”. En efecto, la penalización del aborto no frena esta práctica,lo único que hace es volverla más insegura o limitar su acceso alas clases más ricas que pueden costearse viajes hacia países en donde está permitida. Legislar sobre este tema y despenalizarlo, lejos de promover y de aumentar el número de abortos, permite una mejor regulación. De esta forma, un estudio publicado en el European Journal of Public Health (2001) que analizó los registros de abortos de mujeres españolas en Inglaterra y Holanda desde 1974 y en España desde 1986, concluyó que la despenalización del aborto de 1985 en España no tuvo un efecto observable en la evolución de la tasa de aborto, pero sí en la reducción de desigualdades sociales en el acceso al mismo.

No podemos seguir silenciando los hechos, no podemos evadirla responsabilidad del Estado en la protección de los derechos reproductivos de todas las mujeres. La despenalización del aborto, enmarcada dentro de una regulación integral que incluya un mejor acceso ala contracepción y una educación sexual y afectiva comprensiva, es la mejor vía para defender la vida de las mujeres, para hacer de la maternidad una conducta deseada -no impuesta- y para evitar las desigualdades asociadas al aborto clandestino y a la imposición de penas de cárcel a mujeres muchas veces en condición de vulnerabilidad.Ojalá nuestros gobernantes sepan hacer suyo el slogan que entonaban las mujeres argentinas en la plaza del Congreso: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.